Por: Carlos Flores Urbina*
Lo que hace muchos años era la carretera de la vuelta a la isla en San Andrés, es hoy un remedo de obra innecesaria y nunca terminada que los políticos en su momento presentaron como la “doble calzada de San Andrés”. El Coral Palace, antigua sede del gobierno departamental, se encuentra abandonado a la maleza y al salitre desde el día en que el gobernador de turno inauguró el adefesio arquitectónico de la nueva sede, construida con los recursos de las regalías del petróleo que en las aguas del Archipiélago se explotan desde hace muchos años. Estamos en el año 2025.
En Providencia y Santa Catalina las sorpresas para el visitante no son menores. Entre las dos islas están los restantes de un inconcluso y absurdo puente vehicular en concreto que pretendió reemplazar al romántico y multicolor puente peatonal flotante “Lover´s Bridge”. Por su parte, la abandonada piscina de olas para atraer el turismo en las playas de Fresh Water Bay es considerada el mayor despilfarro de los recursos de regalías cometido por el último alcalde, recientemente destituido por la Procuraduría.
La población en el archipiélago ha aumentado vertiginosamente en los últimos años. A pesar de los controles propuestos y prometidos, pero nunca eficientemente cumplidos, el boom de la bonanza petrolera atrajo a miles de nuevos inmigrantes del continente. Muchos de estos residentes ilegales trabajan hoy en la economía informal y viven en los, cada vez más extendidos, barrios subnormales.
En los últimos años, miles de millones de pesos provenientes de las regalías se han invertido en la construcción y dotación de escuelas y modernos centros de salud. Todos los niños de la isla reciben anualmente los muy costosos, pero dudosamente adquiridos, kits escolares. A pesar de tanta inversión en “ladrillo y cemento”, la calidad de estos servicios no ha mejorado, los paros de maestros reclamando sus mesadas continúan y en el caso de la salud, esta se ha vuelto un servicio cada vez más elitista.
Contrario a lo prometido, los recursos provenientes de las regalías no generaron empleos sostenibles para los isleños ni han mejorado su calidad de vida. En las islas se vive ahora una mayor pobreza. Hasta los recursos naturales marinos se han visto afectados por las actividades de exploración y explotación petrolera, puesto que en las redes de los pescadores que ancestralmente han vivido de esta actividad, se observan cada vez menos productos del mar.
Las únicas redes que funcionan son las de contratación creadas por los políticos de turno para hacerse a los millonarios recursos construyendo cada vez más proyectos inútiles de infraestructura que no responden ni a las necesidades ni a la cultura de las islas.
Este es el escenario que, en el año 2011, podemos imaginar sobre el futuro de las islas si, en su territorio, se llegasen a realizar actividades de explotación y exploración petrolera, tal como se ha propuesto a nivel nacional.
Los argumentos ambientales de quienes están en contra de esta actividad en las zonas marinas del archipiélago son muy válidos. Si grupos interesados en el “desarrollo económico de las islas” ganan esta batalla, es muy posible que en unos años la Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower sea un territorio agonizante cuyas maravillas naturales solo se podrán ver en libros de historia.
Además, hay otro argumento basado en la experiencia sufrida en otras regiones del país que nos demuestra que aceptar hoy la explotación de recursos no renovables del fondo marino insular no traerá bienestar económico ni social para la gran mayoría de habitantes de las islas, tal como algunos se empeñan en hacernos creer.
Arauca y su velódromo “Miguel Ángel Bermúdez” son un buen ejemplo que nos demuestra que una bonanza minera en Colombia solo trae riqueza para unos cuantos y poca o ninguna mejora para la mayor parte de la población. La mole de cemento y ladrillo, con capacidad para 4.500 personas, está completamente subutilizada, rodeada de barrios con las casas prefabricadas, con paredes agrietadas y de pisos de barro, donde la miseria salta a la vista. Por lo demás, niños enfermos de la piel, cuerpos de agua envenenados con crudo y chigüiros cada vez más escasos dejan ver que la explotación ha afectado negativamente en el medio ambiente. Arauca es uno de los departamentos que más se ha beneficiado de las regalías, sin embargo sus habitantes no han podido salir de la pobreza.
La clase política nacional y local nos ha demostrado que no está lista para manejar eficientemente los eventuales recursos de una bonanza petrolera. Sólo en las islas sabemos de funcionarios públicos y políticos del último decenio que han tenido serios líos con la justicia.
A pesar de los múltiples planes de manejo y medidas de mitigación, recuperación y/o compensación de impactos ambientales que hoy nos puedan prometer, no habrá empresa petrolera que los quiera aplicar, y los políticos amordazarán a Coralina o a cualquier otra autoridad ambiental que intente hacerlos cumplir. El petróleo se extraerá causando daños al medio ambiente, millonarias sumas se despilfarrarán en proyectos inútiles de “ladrillo y cemento” y el resto llegará a parar a los bolsillos de los avivatos.
El país no está preparado para estas bonanzas. Guardemos nuestros recursos naturales hasta que seamos capaces de elegir una clase dirigente que escoja el bien común antes que el particular. Esperemos una generación o dos, al fin y al cabo el petróleo del fondo insular no irá a ningún lado, y seguirá esperando a ser explotado de manera ambiental y socialmente sostenible, como se merece el pueblo isleño.
El mejor argumento contra quienes hoy hacen promesas de un futuro de bienestar social para todos los isleños usando las regalías del oro negro es precisamente la clase dirigente de nuestro país.
Amigos sanandresanos, no coman cuento, mejor dejen así.
 |
*Carlos Flores Urbina es biólogo especializado en planeación. Actualmente reside en Holanda y dirige la Fundación Manos Amigas y es coordinador de proyectos del Centro de Cooperación Internacional Holandés (COS).
